Gobierno no debe competir en telecom: Canieti

El gobierno no debe tener concesiones comerciales ni competir directamente en el mercado minorista.

La participación del Estado, en la provisión de servicios de telecomunicaciones, está limitada a esquemas sin fines de lucro, para garantizar el acceso donde el mercado no ha sido suficiente.

Tal limitación no es arbitraria, deriva de principios constitucionales, como la neutralidad competitiva y criterios regulatorios que reconocen que el uso de recursos públicos para fines comerciales, puede generar distorsiones en el mercado.

En consecuencia, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión –que está próxima a ser analizada, discutida y votada en periodo extraordinario de sesiones– no debe prever el otorgamiento de concesiones comerciales al Ejecutivo para que compita directamente en el mercado minorista.

Si la ley permite que el gobierno compita en el mercado sería contrario a los acuerdos internacionales y de protección de inversiones.

Así de clara es la posición de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) que agrupa a compañías como AT&T, Axtel, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Qualcomm, Sap México; así como a miles de empresas tecnológicas en sus sedes regionales del país.

La industria de Telecomunicaciones organizada en Canieti hizo un llamado al Senado de la República Mexicana para que el proceso legislativo de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluya las sugerencias que desde la experiencia del sector se hicieron en los conversatorios para el análisis y propuesta del dictamen por el que se expide esa ley.

Recuerda que de acuerdo con la ley vigente, las concesiones con fines comerciales en manos del Estado tienen el carácter de redes compartidas mayoristas y no pueden proveer servicios de manera directa a usuarios finales.

Su enfoque está orientado a comercializar capacidad a otras redes para incentivar la conectividad.

Y subraya que cuando el Estado accede a concesiones comerciales, éstas deben ser mayoristas, con el propósito de que los insumos o capacidad de red desplegada se pongan a disposición de cualquier operador en términos no discriminatorios.

De lo contrario, el gobierno estaría destinando recursos públicos para competir en el mercado en condiciones ventajosas, lo que va en contra de cualquier régimen de competencia económica y a estándares de trato no discriminatorio tutelados en tratados internacionales y tratados de protección a inversiones.

La Canieti identifica cinco puntos específicos por los que el gobierno no debe otorgarse a sí mismo concesiones para competir en el mercado minorista:

1.- Trastocaría el régimen de competencia. El gobierno tendría condiciones preferenciales, por su condición de entidad gubernamental.

2.- Tendría ventajas en el pago de derechos de uso o aprovechamiento de la banda de 700 Mhz del espectro radioeléctrico, frente al resto de los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, que a la fecha pagan 10 veces más.

3.- Modifica la naturaleza de la red compartida.

4.- Va contra los estándares de protección de tratados de inversión celebrados con más de 30 países, entre ellos el T-MEC y el TPP.

5.- Desvirtúa el rol esencial del Estado que es asegurar la conectividad en regiones sin acceso o con acceso insuficiente.

La Canieti advierte que la penetración de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas es alta, con tarifas menores que en otros países, en virtud de las inversiones y la competencia.

Si se permitiera la explotación comercial pública, la industria privada tendría que realizar más y mayores inversiones, sin los correspondientes retornos y en un ambiente de distorsión de la competencia.

Además generaría incertidumbre por la posibilidad de que pudiera ocurrir algo similar en otras industrias.

Hasta ahí el posicionamiento de Canieti.

En este mismo espacio, el pasado 13 de mayor le informé que el gobierno avanzaba desde un modelo de mercados en competencia, a uno donde el gobierno federal busca ser operador, regulador y autoridad al mismo tiempo.

Le comenté también las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo que su gobierno ofrecerá servicios de telecomunicaciones a toda la población.

Que se buscaría tener una empresa de telecomunicaciones rentable.

La intención de la Jefa del Ejecutivo quedó muy clara.

La iniciativa de ley ha sido discutida y el sector privado ha hecho sus propuestas.

Veremos en qué queda al final de cuentas. El sector de las telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo económico nacional.

Del modelo que se adapte, dependen inversiones, cobertura y desarrollo de la propia industria. Al tiempo.