Control y censura e Informe MacBride

Mientras se discute la concentración de poder, la vocación de control y los riesgos de censura contenidos en la propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conviene recordar los mensajes de pluralidad, libertad y libre flujo de la información del Informe MacBride en su 45 aniversario.

La iniciativa de ley presentada por la presidenta Sheinbaum busca concentrar las facultades del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), otorgándole el interruptor para bloquear plataformas digitales, así como autorizar contenidos de origen extranjero sin criterios claros vía la Secretaría de Gobernación.

Esta visión centralizadora y controladora contrasta con los principios democráticos impulsados por el Informe MacBride en 1980, que promovía la democratización de la comunicación, la pluralidad de voces y fuentes y el respeto irrestricto al derecho humano a la información. A 45 años de aquel documento de la Unesco, resulta urgente recuperar sus recomendaciones para garantizar que cualquier legislación en telecomunicaciones, radiodifusión y servicios digitales fortalezca, y no socave, los derechos fundamentales y las garantías institucionales.

La iniciativa enviada al Senado confiere a la ATDT la potestad de decidir sobre concesiones de radio, televisión, telefonía y banda ancha, así como de revocarlas si se utilizan con un fin distinto (discrecional) al de su título. Con la extinción del IFT desaparece la independencia regulatoria. Asimismo, el gobierno provee directamente el servicio de Internet a usuarios finales, lo cual abre la puerta a la competencia estatal bajo la figura de un monopolio disfrazado.

El artículo 109 de la propuesta permite bloquear temporalmente plataformas digitales —redes sociales, de streaming, mensajería, movilidad o cualquiera que imaginemos—, sin especificar con precisión las causas ni los procedimientos de debido proceso. La falta de definición de criterios deja en manos de la omnímoda Agencia la discrecionalidad para bloquear aplicaciones, servicios y contenidos, lo que atenta contra la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.

Otro punto controvertido prohíbe a concesionarios de radiodifusión transmitir contenidos patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros u organismos internacionales sin autorización previa de la Secretaría de Gobernación. Este requisito extiende la vigilancia del Estado sobre el discurso mediático, complica la cobertura informativa internacional y el ejercicio periodístico en asuntos de interés público global, vulnerando la independencia editorial.

En su título “Un solo mundo, voces múltiples”, el Informe MacBride subraya que la libre circulación de la información es piedra angular de la democracia. Propone eliminar barreras que impiden una difusión equilibrada de contenidos, así como garantizar la pluralidad de fuentes y canales informativos.

En el surgimiento de nuevas tecnologías, MacBride recomendó en 1980 “promover una comunicación democrática global en la que se respeten las identidades culturales y los derechos individuales”, y diseñar políticas nacionales de comunicación que armonicen con estándares internacionales de libertad de prensa e información, entre otros muchos principios.

El Informe enfatiza la necesidad de proteger a profesionales de la información frente a presiones políticas o económicas y desarrollar códigos deontológicos que refuercen la integridad periodística.

La iniciativa de nueva ley telecom apuesta por un modelo contrario en el cual el Estado retiene funciones de regulación, diseño de políticas públicas y operación de servicios de telecomunicaciones, replicando prácticas de control estatista que el Informe MacBride condenó al asociarlas con la manipulación informativa. MacBride estaba más cercano de órganos reguladores independientes y mecanismos de participación ciudadana que impidieran cualquier forma de censura o concentración de poder en materia comunicacional.

Por lo tanto, los principios indispensables para una legislación democrática deberían ser autonomía regulatoria, o sea, mantener un organismo independiente que equilibre intereses públicos y privados, evitando la captura política. Criterios claros y transparentes para cualquier medida o sanción, establecidos en ley y sujetos a control judicial, con plazos y causas delimitadas.

Pluralidad de voces y fuentes, para garantizar la diversidad de medios y contenidos, impidiendo barreras legales o económicas que favorezcan a un solo actor. Protección de datos y privacidad de los usuarios de servicios digitales, con restricción de injerencias de la ATDT o de cualquier otra autoridad sin orden judicial previa. Prohibición de cualquier tipo de censura preventiva y discrecional.

Participación ciudadana y consulta pública en la elaboración de leyes, regulaciones, reglamentos y lineamientos, siguiendo las recomendaciones del Informe MacBride de instaurar consejos con representación plural.

A 45 años del Informe MacBride, la nueva ley telecom representa optar por una regulación que fortalezca la democracia y la transformación digital, o apostar por un modelo centralizador que desemboca en censura y control. Rescatar las enseñanzas de aquel documento implica reconocer la comunicación como un derecho humano, salvaguardar la autonomía de reguladores y garantizar la pluralidad y transparencia en los sectores de telecomunicaciones, mediático y digital. Así se podrá honrar la visión de un mundo con voces múltiples, como defendía Sean MacBride, y evitar que el derecho a la información, las libertades, los derechos y la comunicación queden supeditado a intereses de poder.